Al leer el proyecto de decreto sobre tercerización e intermediación laboral de Colombia, emerge una tensión evidente entre la lógica normativa y la realidad empresarial. El texto parece construido desde supuestos que no siempre dialogan con las condiciones reales en las que nacen y se sostienen muchas empresas.
No porque proteger al trabajador esté mal, eso es necesario, sino porque el enfoque parte de una visión homogénea del mundo empresarial, como si toda tercerización fuera sospechosa por definición y todas las organizaciones operaran bajo las mismas capacidades, márgenes y estructuras.
Y no es así.
La realidad es más compleja que el papel
En el decreto se insiste en identificar “indicios” de tercerización ilegal: quién da instrucciones, quién fija horarios, quién pone las herramientas, quién supervisa… El problema es que, en la práctica, casi cualquier relación entre empresas cumple varios de esos puntos.
Porque coordinar no es lo mismo que subordinar. Porque trabajar juntos no implica esconder una relación laboral. Porque muchas empresas pequeñas y medianas no tienen la “estructura ideal” que el decreto parece imaginar, y aun así generan empleo real, valor y sostenibilidad.
La norma parece asumir que si no tienes gran infraestructura, autonomía total y una separación quirúrgica entre roles, entonces algo estás haciendo mal.
Y eso no refleja cómo nacen y crecen las empresas.
Cuando todo se presume ilegal, el mensaje es claro
Uno de los aspectos más delicados es la presunción reforzada de laboralidad. Si un tercero desarrolla actividades permanentes, se presume automáticamente la existencia de un contrato de trabajo directo.
En la práctica, colaborar con terceros implica partir bajo sospecha.
Y cuando el error no se paga con una multa, sino con una reconfiguración forzada del negocio, muchas empresas optan por no crecer, no innovar y no asociarse. No por mala fe, sino por supervivencia.
Cuando el sistema parte de la sospecha y el costo del error es estructural, muchas empresas dejan de crecer no por falta de compromiso, sino por miedo.
El problema no es la protección, es la desconfianza
El decreto no parte de la idea de que las empresas quieren hacer las cosas bien, sino de que están buscando cómo evadir responsabilidades. Y desde ahí, todo se vuelve control, sanción y amenaza.
Multas elevadas, suspensiones, cancelaciones y la imposición de reconocer relaciones laborales.
Poco se dice de acompañamiento real, transición ordenada o comprensión de los distintos modelos productivos que hoy existen.
Crear empresa no es una fórmula única
No todas las empresas son grandes. No todas pueden tener todo “en casa”. No todas operan con márgenes amplios ni estructuras robustas desde el primer día.
Muchas sobreviven gracias a alianzas, proveedores especializados, terceros que hacen posible que el negocio funcione. Eso no las convierte automáticamente en malas empresas.
El riesgo de este enfoque es que termine castigando más a quien intenta construir, que a quien deliberadamente incumple.
Una reflexión necesaria
Regular es necesario, proteger también.
Pero regular sin entender cómo se crea empresa es legislar desde la distancia. Y cuando eso ocurre, la norma deja de ordenar la realidad y empieza a tensarla.
Tal vez la pregunta no debería ser solo: “¿Cómo evitamos la tercerización ilegal?”
Sino también: “¿Cómo diseñamos reglas que protejan sin ahogar, que ordenen sin asfixiar, y que entiendan que crear empresa es, en sí mismo, un acto de riesgo y compromiso?”
Cuando la ley no dialoga con la realidad empresarial, pierde su capacidad de transformarla y termina fragmentándola.
